El Estado, entendido en amplio sentido, tiene la obligación de ser el garante de la seguridad pública y es el responsable de conservar el orden y la paz sociales, para que los individuos puedan dirigir sus esfuerzos al desarrollo y crecimiento del país, sin temores ni preocupaciones de ser agredidos, atacados o desposeídos, o, habiendo sido víctimas de ello, cuenten con mecanismos que aseguren castigo o represión legitima al causante, por lo que en la presente obra se analiza la actuación de los cuerpos de seguridad como protagonistas de la investigación en el proceso penal acusatorio.