El control de la constitucionalidad del poder político es uno de los elementos fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos, de cuyo diseño estructural específico depende el adecuado cumplimiento de su propósito esencial que es la destrucción de los efectos contrarios a las disposiciones constitucionales de los actos y de las omisiones de los detentadores formales o institucionales del poder y la anulación de esos actos y de esas omisiones, lográndose de esta manera la preservación de las normas constitucionales y la supremacía de la constitución.