El Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de 2014, surgió de experiencias previas en entidades federativas, buscando unificar los procesos penales en México. Esta legislación representa un esfuerzo por lograr la uniformidad en la investigación, procesamiento y sanción de delitos, sin distinción de fueros. La tercera edición de éste código incorpora criterios actualizados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este documento se enriquece con el conocimiento derivado de la práctica judicial y la opinión de expertos, así como con referencias a tesis jurisprudenciales relevantes.