Con la implementación de la reforma constitucional en materia penal de corte acusatorio adversarial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, en el que se transita de un modelo tradicional de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio adversarial, fue necesaria la modificación sustancial de 10 artículos de la Constitución Federal, aterrizándose en el artículo 20 la sustancia del nuevo modelo de justicia penal, estableciendo en el citado artículo que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al efecto, en dicha reforma se estableció en el transitorio segundo un término de ocho años para que todos los estados de la república mexicana adecuaran su marco normativo y transitaran del sistema inquisitivo al sistema procesal penal de corte acusatorio. Sin embargo, con la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Federal del país publicada en el Diario Oficial el 8 de octubre del 2013, se facultó al Congreso de la Unión a legislar en una materia única procedimental penal y con ello se dio origen a lo que hoy actualmente conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014 vigente actualmente en todo el país. El nuevo sistema de justicia penal para su consolidación exige la profesionalización de todos sus operadores, y uno de los más importantes dentro de la implementación y ahora en la fase de consolidación del nuevo sistema de justicia penal lo es sin duda el policía, esto atendiendo al nuevo rol que desempeña en este nuevo modelo de enjuiciamiento penal. El artículo 3o. fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el concepto de policía, aunado también al artículo 132 del mismo ordenamiento procesal, permite conocer las obligaciones de éste en el nuevo sistema de justicia penal, esto atendiendo además que es el policía uno de los principales protagonistas en el procedimiento penal acusatorio.